El PSOE exige al alcalde de La Mareta demoler unas ruinas que estropean las vistas de veraneo de Sánchez

El PSOE de Lanzarote pide al alcalde de Teguise, localidad canaria que alberga la residencia de La Mareta, que derribe unas ruinas ubicadas justo al lado de las instalaciones de Patrimonio Nacional que usa el presidente Pedro Sánchez, su familia y amigos en sus vacaciones. Los socialistas han registrado una comparecencia para que el alcalde dé aclaraciones oportunas en el salón de Plenos sobre unos esqueletos urbanísticos de pisos que no se llegaron a terminar por falta de licencia y que ahora estropean las vistas del jefe del Ejecutivo en sus estancias de asueto.

De esta forma, el regidor, Oswaldo Betancort (Coalición Canaria), tendrá que ofrecer explicaciones sobre este caso. En los últimos días, ha dicho que el ayuntamiento no tiene medios para acometer esta actuación de grandes dimensiones. Se trata de una parcela en Costa Teguise a 200 metros de las dependencias de La Mareta que regaló el rey de Marruecos Hussein a Juan Carlos I en 1989.

Tanto el PSOE local como Podemos esgrimen una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que urge el derribo tras declarar nula la licencia en 2007 para levantar ahí un inmueble residencial. «Nos preocupa que la justicia advierta al alcalde con posibles multas de 1.000 euros al mes a pagar de su bolsillo por no acometer el derribo, pero más aún que su pasividad impida quitarnos de encima uno de los esqueletos urbanísticos eternos que afea Costa Teguise», lamenta Marcos Bergaz, portavoz del PSOE.

Según el PSOE de Teguise, «el alcalde va a tener que dar explicaciones meridianamente convincentes para superar el sonrojo que suponen las advertencias del TSJC al prestigio de nuestra institución».

Se da la circunstancia de que cuando Sánchez está en La Mareta la Policía Nacional usa la altura que dan esos edificios inconclusos para tareas de vigilancia. En todo caso, el PSOE presiona para que se tire abajo esas construcciones incompletas.

«Definitivamente, los ciudadanos de Teguise no se merecen este nuevo ejercicio de ocultismo del alcalde», lanza Marcos Bergaz. El edil socialista, que quiere que cuando llegue Sánchez a la isla no tenga ninguna molestia, sostiene que «no es de recibo que el alcalde lleve una década vendiendo la moto de que los esqueletos se resuelven con un concurso de pinta y colorea; con el plan de modernización o informa repetidamente que se ha comprado tal parcela y pronto se inicia la construcción de un nuevo establecimiento, cuando nada de esto se ha hecho realidad».

El portavoz del PSOE ha asegurado que los vecinos no merecen «un alcalde al que le aperciban con multas sobre su patrimonio, que por cierto no es la primera vez, ya se lo advirtieron con la ejecución de varias sentencias judiciales sobre el Plan General». Y añade que el primer edil «sólo reacciona cuando le amenazan su bolsillo personal; y desaprovecha la ocasión de poner fin a un problema social, que trastoca la imagen turística de Costa Teguise y compone un ejemplo de indisciplina urbanística como los eternos esqueletos».

«Menos calidad de vida»

“Una década después de la primera sentencia, los esqueletos permanecen y siguen restando competitividad y calidad de vida a la localidad turística y a los ciudadanos, por la mala imagen que proporcionan, amén de que se han convertido en un problema social en muchos casos, con personas que recurren a los mismos como fórmula de solución habitacional. Encima ahora la propia justicia pone el foco sobre la pasividad del alcalde con un tema que debería por el bien del municipio, los vecinos y la legalidad urbanística ser una prioridad», concluye Bergaz, dejando caer que ahí entran okupas a vivir.

Por su parte, el alcalde ha respondido al requerimiento judicial explicando que el Consistorio “no ha evitado el cumplimiento del mandato judicial en ningún momento”. «La tramitación se ha visto demorada en el tiempo, entre otros, pero principalmente, debido a la ingente carga de trabajo que soportan los departamentos a que corresponde de esta Entidad, y la escasez de medios humanos para afrontarla», indica.

«Con el debido respeto, entiendo que no procede a la imposición de multas coercitivas, toda vez que esta Alcaldía sí quiere dar cumplimiento a la ejecución de la sentencia”, apunta Betancort. A la falta de personal, se suma “la envergadura de la obra a demoler” y el coste que supondrá. Además, expone que “a finales de 2021” tuvieron conocimiento de que una nueva mercantil había comprado la parcela. Por tanto, habrá que notificar esta compañía la situación.